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Internet se convierte en el anzuelo para el fraude bancario

Los casos de estafa financiera ‘on line’ en España ya supera la cifra total de 2007. La facilidad para encubrir el hecho y borrar las pruebas ampara a los delincuentes.

Los casos de estafa por Internet dirigidos a entidades españolas en el primer semestre del año ascendieron a 1.842 frente a los 1.644 registrados en todo el año pasado, según un estudio de S21sec, empresa española especializada en servicios de seguridad digital.

El phishing, originario del inglés fishing -pescar-, hace referencia al delito por el que se obtiene información financiera mediante anzuelos, materializados en correos electrónicos. La alerta de un e-mail con apariencia real, es decir, que tiene la imagen de una entidad financiera o de una red social, solicita unas claves o contraseñas. Cuando el usuario revela la información sensible requerida, el atacante lo utiliza de forma fraudulenta, operación que fue repetida en el 60% de los fraudes on line.

Esta última semana, Bancaja ha sido condenada a pagar 6.119 euros a dos usuarios de banca por Internet, que resultaron afectados por una estafa de esta modalidad. La sentencia, una de las pioneras en los casos de phishing, indica que los afectados firmaron un contrato con Bancaja para la contratación de servicios financieros a través de medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

Según la sentencia, la entidad realizó dos transferencias bancarias a terceras personas por valor de 2.994 euros y 3.125 euros. Los dos afectados aseguran que estas transferencias se realizaron sin su consentimiento ya que “ellos no comunicaron sus claves a nadie”.
Jurisprudencia

Nuestro viejo código penal del 95 no recogía como tal el delito informático. Ha sido la jurisprudencia la que ha permitido incluir en la tipicidad de estafa los casos en los que a través de una manipulación informática se ejecuta una transferencia no consentida de activos en perjuicio de un tercero.

La ley de comercio electrónico reconoce la equivalencia funcional de los actos empresariales electrónicos a los de la vieja usanza. Sin embargo, la rapidez en su comisión y la facilidad para encubrir el hecho y borrar las pruebas dificulta la misión de encontrar a los estafadores. Con todo, la responsabilidad de que el servicio opere con seguridad recae sobre la entidad que proporciona los servicios, de igual forma que un prestador de servicios de banca ordinaria contrata un agente de seguridad a la puerta de sus establecimientos.

Quien paga el pato una vez más son los clientes. Las altas minutas de los abogados y el temor de tener que pagar las costas del juicio se suma a la posibilidad de no obtener una sentencia estimatoria lo que en muchos casos hace que los perjudicados se abstengan de acudir a la justicia. Además, se encuentran desprotegidos entre la dificultad de la prueba ya que la mayoría de las veces es difícil tener un resguardo de la operación fraudulenta. La reclamación judicial de una cantidad también puede realizarse por la vía. Dicha acción demanda la restitución de todo daño siempre que medie culpa o negligencia.

Otra opción con la que cuentan los perjudicados es reclamar al Banco de España, aunque las resoluciones del organismo supervisor no son vinculantes y las entidades tienen la potestad de ignorarlas. Según la memoria del Banco de España de 2007, tan sólo el 44% de las reclamaciones estimadas fueron rectificadas por la entidad afectada.

Una modalidad en auge es la solución extrajudicial de conflictos. Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae (asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros) aconseja a los la “capacidad de interlocución sin tener que acudir a la vía judicial”. Y destaca la “creación de un servicio financiado por la Comisión Europea que pone de manifiesto la gran preocupación de la UE por este problema”.

Fuente: http://www.expansion.com/edicion/exp/empresas/banca_y_cajas/es/desarrollo/1156924.html

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